Domingo, Marzo 22, 2020
La Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado ha emitido un informe a raíz de la consulta planteada sobre la interpretación del apartado 1 de la disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, referido a la suspensión de los plazos administrativos.
La consulta surge debido a la contradicción contenida en dicha disposición adicional, por cuanto en su rúbrica se hace referencia a la “suspensión de plazos administrativos”, y, a continuación, se indica que “se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos …”. Toda vez que suspensión e interrupción son dos conceptos jurídicos distintos las consecuencias jurídicas de cada uno de ellos son, por lo tanto, diferentes. Así, la suspensión de un plazo implica que el mismo se detiene, reanudándose cuando dicho obstáculo o causa haya desaparecido, en el mismo estado en el que quedó cuando se produjo la suspensión. Por el contrario, la interrupción de un plazo conlleva que éste se reinicie, quedando sin efecto el tiempo del plazo hasta entonces transcurrido.
Por medio de este informe, se aclara dicha contradicción estableciendo que se está ante un supuesto de suspensión, y no de interrupción, lo que implica que, una vez concluido el estado de alarma, los plazos se reanudarán por el tiempo que restare en el momento en que hubieran quedado suspendidos.
